El aumento del desplazamiento forzado de población es una de las principales evidencias de la pérdida de control estatal en muchos territorios. No de otra manera se puede entender que, en los primeros siete meses de este año, según la Defensoría del Pueblo, casi 85.000 colombianos huyeron o fueron expulsados de sus sitios de residencia o trabajo por los grupos armados ilegales o el riesgo de un ataque de estos a los civiles.

Se trata de una situación muy grave, toda vez que triplica −y de lejos− las cifras del año pasado, cuando se registraron 105 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 25.611 personas. Y también son más altos que las 54.665 víctimas en 2023.

No es ninguna coincidencia que los tres años a que se hace referencia también son los lapsos en que estuvo aplicá

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