En su escrito, la organización sostuvo que “la corrupción no tiene por principio una víctima individualizable sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas”.
“Bajo esta concepción se puede asegurar que la transparencia es un interés colectivo cuya contracara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación”, agregó a la hora de fundamentar el pedido que será analizado por el juez federal Sebastián Casanello.
El rol de querellante le daría acceso al expediente cuando se levante el secreto de sumario y la posibilidad de pedir medidas de prueba, apelar decisiones y actuar en un futuro juicio oral.
“Tomar parte en este tipo de litigios resulta estratégico p