Una acalorada reunión se registró ayer entre representantes del comité Pro Ricuricocha y regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín, luego de que se cuestionara la validez del plan específico para la habilitación urbana en la zona de la laguna. El jefe de la oficina de asesoría jurídica, Jesús Orlando Pinedo Barrutia, reconoció que solo se realizó una consulta pública y no una audiencia, como exige la normativa.

Durante la sesión, la secretaria general de la municipalidad, Nancy Paola Tantarico García, intentó sostener que sí se había cumplido con el requisito, pero finalmente se aceptó que únicamente se trató de una consulta pública. Esta revelación generó preocupación, ya que la abogada Cristina del Águila Arévalo advirtió que la omisión invalida la ordenanza que aprobó el p

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