La crisis de desaparecidos en Guanajuato ha llevado a una respuesta institucional y social sin precedentes. Esto se evidenció en el Cuarto Foro Estatal del Protocolo ALBA, que tuvo lugar el 1 de septiembre. El evento fue encabezado por el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, y reunió a autoridades, colectivos de búsqueda y organizaciones internacionales. El objetivo fue dialogar sobre nuevas estrategias para la localización e identificación de personas desaparecidas.
La situación es alarmante. Se han denunciado nuevas prácticas delictivas, como el ocultamiento de cuerpos en panteones municipales. Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana León, indicó que en localidades como Celaya, Yuriria y Salvatierra se han recabado testimonios sobre irregularidades en cementerios. En Yuriria, familiares encontraron al menos nueve cuerpos en gavetas vacías del panteón municipal, sin ninguna carpeta de investigación asociada. Testigos relataron que personas ingresaron de noche al cementerio, colocaron los cuerpos en nichos sin nombre y se retiraron sin dejar rastro.
En Celaya, se localizó un cuerpo momificado con un disparo en un panteón municipal, lo que generó críticas por la intención de exhibirlo como momia. Lorusso afirmó que este hallazgo debió clasificarse como fosa clandestina y que se deben investigar posibles complicidades entre autoridades y grupos delictivos. En Salvatierra, donde se ha encontrado la fosa clandestina más grande del estado, se han exhumado más de 80 cuerpos. Buscadoras advirtieron que esta práctica podría extenderse a otras zonas del país.
El fiscal Vázquez Alatriste reconoció la existencia de denuncias y aseguró que la institución trabaja en coordinación con colectivos en un plan de exhumación de cuerpos en los panteones de Guanajuato. Durante el foro, se coincidió en la urgencia de atender la crisis forense que afecta a la entidad. Vázquez Alatriste reiteró su compromiso de construir una Fiscalía con enfoque humanista. Edith Olivares, de Amnistía Internacional, advirtió que la organización dará seguimiento para que las promesas se conviertan en políticas públicas efectivas.
El Protocolo ALBA, inicialmente concebido como un mecanismo de reacción ante la desaparición de mujeres y niñas, fue presentado en el foro como el punto de partida para una política pública integral. Vázquez Alatriste destacó que la fuerza de las familias ha sido el motor que guía la labor institucional. "La verdadera razón por la que estamos aquí es la fuerza de las familias. Su lucha se ha convertido en una brújula moral que nos guía en el único camino posible: buscar hasta encontrarles", afirmó.
El evento reunió a más de mil participantes, incluidos familiares de personas desaparecidas, buscadoras independientes y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, subrayó la importancia de la solidaridad y la empatía, haciendo un llamado a la comunidad para involucrarse en la difusión y aplicación del Protocolo ALBA.
En paralelo al foro, se concretaron acuerdos entre autoridades estatales, colectivos ciudadanos y Amnistía Internacional para fortalecer la búsqueda de las 5,123 personas desaparecidas en la entidad. Olivares enfatizó la urgencia de traducir los compromisos en acciones tangibles. Entre los compromisos asumidos destaca la implementación de un Programa Transversal de Atención a Víctimas de Desaparición, que busca garantizar el acceso de las familias a servicios de salud física y mental, asesoría jurídica y protección.
Además, se anunció la realización de una toma masiva de muestras de ADN para avanzar en la identificación de personas desaparecidas. También se establecerá una actualización semanal de los hallazgos de restos humanos y se organizarán mesas de trabajo para facilitar la toma de perfiles genéticos, incluso en casos sin denuncia formal. Amnistía Internacional reconoció la importancia de estos acuerdos, pero advirtió que los derechos de las víctimas no pueden depender de la voluntad política del momento.