Es obligación del Estado implementar una política penitenciaria que permita la reeducación y reinserción social de los internos, además de aplicarles una sanción. Para su ubicación en diferentes establecimientos, los reclusos son calificados, asumiendo el Estado su seguridad y las de la infraestructura.

Algunos casos, sin embargo, cuestionan estos criterios básicos en cuanto a seguridad penitenciaria. El expresidente Martin Vizcarra, con 5 meses de prisión preventiva por supuesto tráfico de influencias agravado, peculado doloso apropiación para terceros, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, inicialmente fue colocado en Barbadillo y luego trasladado a Ancón II, para retornar a Barbadillo tras las protestas por el maltrato sufrido.

Tanto el expresidente Pedro Castillo, Bet

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