El Congreso de la República del Perú ha tomado una decisión trascendental al declarar al Cártel de los Soles como una "organización terrorista". Esta moción fue aprobada el 3 de septiembre con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa fue impulsada por los congresistas Jorge Montoya, Alejandro Cavero y Norma Yarrow, quienes argumentaron que las operaciones de este cártel representan un grave riesgo para la estabilidad democrática y la seguridad de los ciudadanos peruanos.
La propuesta busca alinear a Perú con otros países de la región, como Ecuador, Argentina y Paraguay, que ya han catalogado al Cártel de los Soles como una amenaza. Durante el debate, Montoya enfatizó que "debemos sentar una posición al respecto para poder después generar los elementos que se requieren para defender nuestra soberanía e integridad". La moción también exhorta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas en política exterior, seguridad y defensa nacional para combatir esta organización criminal.
El Cártel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, está compuesto por altos mandos militares y políticos de Venezuela. Se le atribuyen conexiones con el narcotráfico internacional y se ha señalado que facilita el transporte de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Europa y África. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha concluido que este cártel está liderado por Maduro y otros funcionarios de su administración.
A pesar de la aprobación mayoritaria, la moción generó divisiones en el Congreso. Algunos parlamentarios, como Jaime Quito y Guido Bellido, se opusieron, argumentando que la medida representa una intromisión en asuntos externos y que el Congreso no debería involucrarse en política internacional. Bellido expresó que "no se debe permitir que intervengan a un país latinoamericano" y cuestionó los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región.
La declaración del Congreso no autoriza acciones militares inmediatas, pero abre la puerta a que el Ejecutivo implemente políticas activas contra esta amenaza. Esto podría incluir el refuerzo de la seguridad fronteriza y el intercambio de inteligencia con aliados. Además, la decisión posiciona a Perú en un marco de cooperación internacional para enfrentar redes criminales transnacionales.
Con esta medida, el Congreso busca enviar un mensaje claro sobre la postura del Perú frente al régimen de Maduro y su supuesta colaboración con grupos criminales. Esta acción se enmarca en un contexto regional donde varios países han endurecido su política hacia el gobierno venezolano, reflejando preocupaciones sobre la seguridad y la democracia.