Las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, han generado una controversia que involucra a órganos de control, entidades del Gobierno y voces del Congreso.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha cuestionado abiertamente la legalidad del proceso, señalando posibles inconsistencias en los requisitos exigidos para el cargo y alertando sobre una posible alteración de documentos oficiales.

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Asimismo, la congresista ha hecho públicas sus preocupaciones sobre los criterios utilizados para la designación.

Pedraza aseguró que la hoja de vida de Guerrero no cumplía inicialmente con los req

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