El problema de la ultraderecha no es cuántos votos pueda obtener -esa es una preocupación casi exclusiva del PP- sino qué espacio va ocupando ese mundo en la realidad política española. Y el de la contestación de un sector de la judicatura es que se consolide de tal manera que termine siendo un poder cuya mera existencia arrumbe los fundamentos de la democracia

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Si solo nos atuviéramos a lo que diariamente dicen la mayoría de los periódicos y los informativos televisivos habría que concluir que las estructuras de la política española están a punto de explosionar. Es, sin duda, la sensación que pretenden crear los partidos de la derecha, que cada día fabrican un nuevo escándalo que debería arrastrar al abismo a Pedro Sánchez y su gobierno. Pero detrás de ese telón artificial y casi siempre falsario, la realidad es muy distinta: el Gobierno cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para ejercer el poder y no hay indicios de que esa estabilidad se vaya a quebrar antes de las futuras elecciones generales, es decir, de 2027.

La reciente entrevista del presidente del Gobierno en Televisión Española ha despejado todas las incógnitas que podían poner en cuestión la validez de lo anterior. Porque Pedro Sánchez ha asegurado que incluso si no logra que el Congreso le apruebe su propuesta de Presupuestos del Estado, él y los suyos prorrogarán las cuentas del año anterior y seguirán gobernando hasta que acabe la legislatura. Las leyes le permiten hacerlo por mucho que la oposición ponga el grito en el cielo.

Se cuenta que la confirmación de esas perspectivas por parte del presidente ha sido recibida con particular alivio en los ambientes del Gobierno y que la actitud bastante generalizada entre los cuadros y dirigentes del Ejecutivo es la de que deben ponerse a trabajar todo lo intensamente que puedan para crear una situación que permita al PSOE y a la izquierda obtener un resultado electoral suficiente para seguir gobernando.

Sin embargo, es difícil que ese ambiente de normalidad consiga instalarse en el panorama general, aunque cuente con argumentos sólidos para ser asumido fuera de los círculos más comprometidos de la izquierda. Porque la ofensiva del PP y de Vox es demasiado estridente como para ser ignorada y porque buena parte de la opinión pública está ya harta del espectáculo político tal y como viene desarrollándose desde hace demasiado tiempo y carece de alicientes siquiera para tomar postura. Los numeritos que cotidianamente monta la derecha tienen eco en un público cada vez más reducido. La mayoría de la gente está a otras cosas y volverá a la política solo para votar el día que se le convoque para ello. Pero a pesar de ello, el ruido seguirá. Entre otras cosas, porque a la derecha no le cuesta nada provocarlo.

Construir escenarios alternativos de poder cuando las realidades son tan poco firmes es, por tanto, un ejercicio inútil, si no malintencionado. Nadie con un mínimo de rigor analítico puede hacer previsiones solventes sobre el futuro político a medio plazo. La derecha debe creer que golpeando cada día sin piedad sobre Sánchez y la izquierda va a terminar ganando. Pero eso puede perfectamente no ocurrir. Ningún sondeo, por muy intencionadamente sesgado que sea, puede excluir esta posibilidad. Y los cuadros más lúcidos de la derecha lo saben mejor que nadie.

En definitiva, que quien quiera atender al devenir político, un colectivo que, según parece, es cada vez más reducido, no tendrá más remedio que seguir asistiendo a los dramas que cada día seguirá inventando el gabinete de ideas del PP y de Vox y que sus corifeos mediáticos reproducirán fielmente en los medios en los que su voz se oye con la misma fuerza de siempre. Por cierto, no ha dejado de sorprender que, cuando se multiplican los llamamientos contra el uso de los bulos y las mentiras en los medios de comunicación y en el debate político, el rey acabe de recibir a la plana mayor del digital OK diario, con el inefable Eduardo Inda a la cabeza, en ocasión del décimo aniversario de su fundación.

Porque una cosa es que haya estabilidad política en términos generales, es decir, que no haya amenazas serias de que pueda caer el Gobierno, y otra muy distinta es que, en medio del follón en que se ha convertido el debate público y seguramente gracias a eso, instancias de poder antidemocrático se vayan asentando en la normalidad política. Sin que ese proceso -los alegatos antifeministas y machistas que se han registrado este jueves en el Congreso forman parte del mismo- generen las reacciones que el asunto merecería. O, sin más, que se permita que ocurra. Hay cosas con las que no se puede jugar a ser bueno, ni mirar para otro lado.

Las actitudes antigubernamentales que están mostrando algunos sectores de la judicatura no se podrían inscribir sin más en el capítulo anterior, pero sí podrían terminar coincidiendo en sus resultados si sus dinámicas continúan acelerándose y agravándose. Porque el problema de la ultraderecha no es cuántos votos pueda obtener -esa es una preocupación casi exclusiva del PP- sino qué espacio va ocupando ese mundo en la realidad política española. Y el de la contestación de un sector de la judicatura es que se consolide de tal manera que termine siendo un poder cuya mera existencia arrumbe los fundamentos de la democracia.