En los últimos días se ha conocido la aplicación de un cambio de criterio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que afecta directamente a la empresa salmonicultora Cooke Chile y genera incertidumbre jurídica respecto de la continuidad de tres de sus centros de cultivo. Este hecho resulta llamativo considerando que existía un acuerdo público, firmado por las máximas autoridades del Medio Ambiente y de Economía, que parecía dar una señal de entendimiento para avanzar en soluciones planificadas y dialogadas.

Más allá de lo que podría parecer un conflicto administrativo entre una empresa y una autoridad, lo cierto es que estas decisiones tienen un alcance mucho más amplio. Cada resolución de carácter unilateral ?ya sea desde el Estado, una empresa o incluso desde organiza

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