BOGOTÁ (AP) — El gobierno de Guatemala aclaró el viernes que no ha respaldado un comunicado publicado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el que indicó que la mayoría de los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Petro publicó la noche del jueves un documento que, aseguró, pretendía ser un comunicado de los países de la CELAC, tras la reunión de emergencia que fue citada el lunes por Colombia, que ostenta la presidencia temporal del organismo multilateral. Sin embargo, el mandatario aclaró que aún no era un comunicado formal por la oposición de una “minoría” de países.

Guatemala fue incluida en la lista de 21 países que, según Petro, apoyaron el comunicado y que incluían a Chile, Brasil, Nicaragua y México. Mientras que señaló que se opusieron Ecuador, Perú, Costa Rica y El Salvador.

“Guatemala no se sumará al comunicado en mención y solicitamos a la PPT (presidencia pro tempore) que se elimine el nombre de nuestro país de la lista de países que respaldan el comunicado”, indicó Guatemala en un comunicado en el que lamentó que no se hubieran seguido los conductos regulares para hacer declaraciones conjuntas.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, ha rechazado el despliegue militar que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la costa de Venezuela asegurando que busca combatir al narcotráfico.

También ha rechazado el ataque en el Caribe a un bote que, según funcionarios de Estados Unidos, transportaba drogas y había partido de Venezuela. Estados Unidos aseguró que 11 personas murieron, señalándolas de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua.

El viernes, advirtió a Estados Unidos que está dispuesto a reconfigurar la estrecha colaboración en la lucha contra las drogas que mantienen desde hace décadas.

“El gobierno de Estados Unidos si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo pero, si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”, indicó Petro en la red social X. “En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos”.

El mandatario colombiano se mostró de acuerdo con una declaración de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en la que se indicaba que las respuestas de los Estados al tráfico ilegal de drogas deben respetar el derecho internacional.

Al ser preguntada por la prensa por el ataque estadounidense al bote, la portavoz de la Oficina de la ONU dijo el viernes a la prensa desde Ginebra que no se debía matar a las personas por consumir, traficar o vender drogas, y agregó que el uso intencional de fuerza letal sólo es admisible como último recurso ante una amenaza inminente para la vida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras el ataque que es un mensaje inequívoco a los cárteles latinoamericanos mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que tales operaciones “se harán de nuevo”.

La advertencia de Petro ocurre justo cuando el gobierno de Trump está próximo a decidir si certifica o no el cumplimiento del país sudamericano en la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno colombiano ha aceptado que está haciendo todo lo posible por no perder la certificación, algo que no ha ocurrido en tres décadas, pero que no se descarta ante el aumento de los cultivos de hoja de coca y los roces con la administración de Trump, con la que Petro ya tuvo tensiones por la deportación de colombianos.

El viernes Petro desautorizó el posible viaje de varios alcaldes de las principales ciudades de Colombia a Estados Unidos para buscar interceder ante el gobierno de Trump.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contestó de inmediato por la misma red social, asegurando que de todas formas viajarán en representación de sus ciudades: “Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia. Intentaremos mitigar el desastre que has generado”, le respondió al mandatario.

En Colombia, el presidente —que también es Jefe de Estado— dirige la política internacional, una potestad que Petro suele reclamar cuando otros funcionarios o el Congreso buscan tomar decisiones en la materia.