La ofensiva judicial, política y mediática marca un inicio de curso que la derecha intenta dibujar como una legislatura acabada y abocada al adelanto electoral, un escenario descartado por Pedro Sánchez

Pedro Sánchez: “Hay jueces haciendo política y hacen un inmenso daño a la Justicia”

Como si todo fuera a terminar mañana. Así enfoca la oposición el inicio del curso político con una ofensiva desde todos los frentes que busca retratar a un presidente del Gobierno acorralado y a una legislatura en vísperas de llegar a su fin. Y, por tanto, atisbar un adelanto electoral en ciernes que daría paso al ansiado desalojo de Pedro Sánchez de la Moncloa.

Esa estrategia de intentar exacerbar los síntomas del presunto fin de ciclo se despliega vigorosa a principios de septiembre por tierra, mar y aire. Con algunos movimientos que señalan en esa dirección no solo desde la calle Génova, sino incluso desde el ámbito judicial. Un plan que no es nuevo, como tampoco que se estrelle hasta el momento con la realidad política del país: ni el presidente contempla convocar elecciones, ni sus socios parlamentarios dan muestra alguna de forzar su caída. Al menos, por ahora.

Esta misma semana, Sánchez volvió a asegurar en público que tiene tan claro que no piensa adelantar las elecciones que no lo haría ni siquiera si sufre un varapalo tan duro como que el Congreso le tumbe los Presupuestos Generales del Estado. “Si el parlamento los tumba eso no significa que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta”, remarcó en una entrevista en TVE.

En esa misma entrevista, el presidente hizo unas declaraciones sobre las maniobras de algunos juzgados en causas que afectan directamente al Gobierno o al entorno personal del propio Sánchez. “Siempre voy a estar con jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y persiguen al delincuente. Pero hay jueces haciendo política y políticos que intentan hacer justicia, y hacen un inmenso daño a la justicia”, aseveró.

Su respuesta se produjo en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre su pareja, Begoña Gómez. En un proceso sin fin que no ha conseguido arrojar indicios de comportamientos delictivos, el magistrado hizo dos nuevos movimientos esta semana. Primero, exigir a la Presidencia del Gobierno todos los correos que la esposa de Sánchez ha enviado y recibido durante siete años desde su cuenta oficial. Segundo, poner ahora sus miras en la alto cargo que hoy está en el puesto que ocupó en su día Félix Bolaños en Moncloa.

El magistrado, que mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, y que lo intentó con el propio ministro de Justicia, vuelve a intentar implicar de lleno al Ejecutivo en el caso. En esa última resolución de esta semana el juez pregunta quiénes han sido secretarios generales de Presidencia desde que se contrató a la asesora de Begoña Gómez, pese a que ya ha interrogado a dos de ellos, Bolaños y Francisco Martínez.

La actual secretaria general de Presidencia es Judit Alexandra Gómez Pedraz, quien sustituyó en el cargo a Francisco Martínez a finales de 2023, cuando este fue elegido como delegado del Gobierno en Madrid. Como es habitual en Peinado, el juez no razona la diligencia ordenada y se limita a señalar que se requiera a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe del “nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018”, fecha en la que se nombró a Cristina Álvarez ayudante de Begoña Gómez.

En ese ambiente, las palabras del presidente en TVE sobre la actuación de algunos jueces sirvieron, no obstante, para que parte de la alta judicatura del país encontrara el contexto perfecto de volver a la ofensiva. La reacción de las asociaciones judiciales, excepto la progresista, fue acusar al presidente del Gobierno de faltar el respeto a los jueces por atribuirles motivaciones políticas. E incluso reclamar, junto a varios vocales conservadores del Poder Judicial, excluir al fiscal general y a los miembros del Ejecutivo del acto solemne de apertura del Año Judicial que tuvo lugar este viernes.

Justo en ese punto, en el del acto solemne de apertura del año judicial, convergieron las maniobras de la judicatura más conservadora y del principal partido de la oposición. Mientras Feijóo y otros dirigentes del PP plantaron en bloque al rey en la ceremonia, las asociaciones y vocales conservadores del Poder Judicial insistieron en excluir de la cita al ministro de Justicia y al propio fiscal general, a punto de sentarse en el banquillo para ser juzgado por presunta revelación de secretos.

Así que al plantón de Feijóo y otros dirigentes del PP le siguió la reacción casi acompasada de las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y de los vocales del Poder Judicial elegidos a iniciativa del propio Partido Popular. Las principales asociaciones de la derecha judicial afirmaron en un comunicado que la asistencia de García Ortiz al acto del Supremo “constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado” y le pidieron que no acudiera “por respeto” al rey y a quienes integran las carreras judicial y fiscal.

Lo que fue siguió la ofensiva de los vocales del CGPJ elegidos a iniciativa del PP, que reclamaron por carta a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que pidiera al fiscal general que se ausentara del acto, además de solicitar que apartara al ministro Bolaños de los estrados del Supremo en los que se sitúan el rey Felipe VI y el resto de altas autoridades. La propia Perelló, este viernes, se hizo eco de ese ambiente y exigió el final de las críticas a los jueces en su discurso de la apertura del año judicial, ante el rey y el ministro de Justicia. “La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado. Los jueces no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie, ahora bien, independencia no equivale a libre arbitrio”, apuntó.

En ese contexto, y con gran parte de la opinión publicada apuntalando el discurso de la derecha de que el final de la legislatura es cuestión de días, en la Moncloa se preparan no solo para resistir el curso, sino para intentar apurar las opciones de una legislatura de cuatro años. El creciente clima de polarización, inflamado por la estrategia a veces indistinguible del PP y Vox en asuntos como la inmigración o el cambio climático, es visto también en una parte del Ejecutivo como una oportunidad para recuperar el pulso perdido, volver a aglutinar a una mayoría parlamentaria desgajada y recobrar impulso ante un electorado progresista azotado y desmovilizado principalmente por los casos de corrupción.

No cuenta nadie en el Gobierno, por supuesto, con asistir a algo parecido a una tregua política de la derecha. La prueba irrefutable, apuntan en Moncloa, es que ni siquiera una medida que beneficia principalmente a comunidades autónomas gobernadas por el PP, como es la millonaria quita de la deuda, va a contar con el respaldo de los populares.

La propia dirección de Feijóo, en boca de su secretario general, Miguel Tellado, comprometió la “unidad” de sus líderes autonómicos en el rechazo al desahogo financiero, a pesar de que el presidente riojano ya ha anunciado que sí la aceptará. Un panorama ante el que la vicesecretaria Ester Muñoz les recuerda que “han firmado en dos papeles” no acogerse a una medida que supondría un alivio financiero de cientos de millones de euros a las arcas públicas autonómicas.

En lo que se vuelca Moncloa a la vuelta de las vacaciones, por tanto, es en estrechar puentes con el independentismo catalán en busca de un horizonte Presupuestario que no solo permita dotar de unas cuentas actualizadas al estado, sino que sirva como un mensaje político potente de que la legislatura va para largo. De alcanzar esa estabilidad política, creen en las filas socialistas que habría partido de cara al próximo ciclo electoral porque a Feijóo y a la derecha se le volvería “a hacer muy largo” un tiempo en el que proclaman que Pedro Sánchez está acabado un día sí y otro también.