Un fallo con impacto ciudadano. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de protección interpuesto por una funcionaria municipal contra la Contraloría General de la República , ordenando el pago de remuneraciones adeudadas tras la invalidación de su contrata.

El tribunal resolvió que la medida del ente fiscalizador fue “arbitraria e ilegal” , ya que interpretó erróneamente un supuesto parentesco por afinidad, pese a que la trabajadora se encontraba divorciada hace 3 años .

En un fallo unánime , la Primera Sala –integrada por el ministro Carlos Jorquera Peñaloza , la fiscala judicial Pilar Aravena Gómez y el abogado integrante Jorge Fonseca Dittus – estableció que la Contraloría actuó sin justificación suficiente: “Se privó a la actora de su cargo y remu

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