La reciente aprobación de la ley corta ha cambiado el panorama para los estudios y profesionales que solían judicializar los aumentos de los planes de salud. Según expertos, impugnar el aumento que comenzó a regir en septiembre sería una acción inútil. Esto se debe a los resguardos que se han incorporado en la nueva legislación, así como a la fiscalización que llevará a cabo la Superintendencia de Salud.

Con esta nueva normativa, se espera que los conflictos legales que solían surgir por los incrementos en los planes de salud disminuyan considerablemente. La ley corta establece un marco más claro y seguro para los aumentos, lo que podría beneficiar tanto a los proveedores de salud como a los usuarios.

Los profesionales del sector han señalado que la fiscalización de la Superintendencia de Salud jugará un papel crucial en la implementación de esta ley. Esto podría generar un ambiente de mayor transparencia y confianza en el sistema de salud.

En resumen, la ley corta parece marcar el fin de una era de disputas legales en torno a los aumentos de los planes de salud, ofreciendo un nuevo enfoque que prioriza la regulación y la supervisión.