La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha expresado serias preocupaciones sobre la independencia de los fiscales anticorrupción en Perú. En una carta enviada el 1 de julio de 2025, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho se dirigió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, advirtiendo sobre interferencias que podrían comprometer el trabajo de los magistrados en casos sensibles.

El documento destaca que los fiscales enfrentan acoso, procedimientos disciplinarios e intimidaciones que amenazan su independencia. En particular, se menciona al equipo especial Lava Jato, cuyos miembros han sido objeto de numerosos procesos penales y disciplinarios desde 2019. La OCDE instó a la fiscal de la Nación a tomar medidas inmediatas para proteger a los fiscales de despidos injustificados, suspensiones y otras formas de acoso.

Además, la OCDE solicitó la implementación de salvaguardas institucionales que permitan a los fiscales desempeñar sus funciones sin presiones externas. La organización también exigió que Perú presente un informe detallado en diciembre de 2025 sobre las acciones adoptadas para garantizar la independencia del Ministerio Público.

El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales ha enfatizado que Perú, como parte de la Convención de la OCDE, está obligado a cumplir con estándares internacionales en materia anticorrupción. A pesar de las recomendaciones emitidas en 2021 y una Misión de Alto Nivel realizada en enero de 2025, la OCDE ha observado que muchas de estas recomendaciones aún no se han implementado.

El comunicado subraya que persisten riesgos y obstáculos institucionales que afectan la independencia de los fiscales. La OCDE ha manifestado su preocupación por los informes de acoso que enfrentan los fiscales anticorrupción, incluyendo investigaciones y consultas cuestionables.

La OCDE recordó que, según el Artículo 5 de la Convención, Perú debe investigar y procesar con seriedad los casos de corrupción, lo que requiere que los fiscales trabajen sin coacciones ni injerencias externas. La situación del Equipo Especial Lava Jato es un ejemplo claro de cómo la cantidad de procedimientos en su contra crea un efecto intimidante que amenaza su labor.

Ante esta situación, la OCDE ha instado a la Oficina de la Fiscalía General de Perú a implementar las medidas necesarias para garantizar que los fiscales puedan realizar su trabajo de manera independiente. La organización también ha advertido que, si persisten las interferencias, se podrían aplicar medidas excepcionales, como declaraciones públicas internacionales y monitoreo especial.

Finalmente, la OCDE ha asegurado que reforzará el seguimiento de la respuesta de Perú durante 2025 y en la evaluación prevista para la Fase 3 del procedimiento en diciembre de 2026, manteniendo bajo observación tanto la actuación de las autoridades judiciales como el entorno institucional en el que los fiscales operan.