La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo una operación de extinción de dominio contra exfuncionarios públicos que habrían utilizado sus cargos para desviar recursos estatales.

La acción judicial se centró en la incautación de un total de 21 bienes, cuyo valor conjunto se estima en $22.500 millones. Los inmuebles y activos ocupados se encuentran en varias ciudades, incluyendo Bogotá, Duitama (Boyacá), y en el Valle del Cauca, específicamente en Jamundí, Buenaventura y Cali.

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Los bienes confiscados incluyen apartamentos, parqueaderos, lotes, un depósito, vehículos y establecimientos de comercio. La investigación reveló que estos activos estaban a nombre de

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