El Gobierno del Perú ha calificado como "inaceptable" la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se opone a la aplicación de la ley de amnistía. Esta ley, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, busca beneficiar a militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados por delitos cometidos durante el periodo de terrorismo entre 1980 y 2000.

En un comunicado emitido el 6 de septiembre, el Ejecutivo expresó su rechazo a la decisión de la Corte IDH, que ordenó a los jueces peruanos abstenerse de aplicar la ley de amnistía hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el tema. La Corte IDH argumentó que la aplicación de esta ley podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El Gobierno peruano defendió su postura, señalando que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario y no puede intervenir hasta que se haya agotado la jurisdicción interna. En el comunicado, se enfatiza que "El Perú es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, ha demostrado un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Además, el Gobierno vinculó la ley de amnistía con el contexto de violencia terrorista que sufrió el país, afirmando que "los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas". En este sentido, el Ejecutivo anunció que seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y considerará la posibilidad de revisar las normas que regulan la actuación de sus órganos.

La Corte IDH, en su resolución, ratificó su disposición anterior, indicando que la aplicación de la ley de amnistía podría llevar a la liberación de personas condenadas y a la interrupción de procesos judiciales en curso. Las representantes de las víctimas y la Comisión coincidieron en que esta ley vulneraría de manera irreversible el derecho de acceso a la justicia.