En Colombia, el sistema pensional está generando un problema inesperado para empresarios y trabajadores independientes. Se trata de cobros por valores irrisorios, que van desde $1 hasta $100.000, incluso para personas que ya han fallecido o empresas que han desaparecido de la vida jurídica. Estos cobros, que datan de hace 10, 15 o 20 años atrás, están provocando procesos de cobro coactivo que desgastan procedimientos administrativos y reviven archivos que en muchos casos ya no existen.

La ley colombiana establece que los documentos deben conservarse entre 6 y 10 años, dependiendo del tipo de documento y normativa aplicable. Sin embargo, algunos documentos relacionados con seguridad y salud laboral pueden requerir una conservación de hasta 20 años. En este contexto, surge la pregunta: ¿ti

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