La reciente liberación de Betsy Chávez por decisión del Tribunal Constitucional ha reavivado el debate sobre los límites legales y éticos en la función pública. Si bien ha recobrado su libertad debido a cuestionamientos en el debido proceso, esto no borra el hecho de que se encuentra procesada penalmente y suspendida por el Congreso en su condición de parlamentaria.

Que apenas un día después de su excarcelación un congresista solicite su contratación como asesora en el Parlamento es un acto inconstitucional y éticamente inaceptable. Desde el punto de vista legal, el artículo 92 de la Constitución es claro: el mandato congresal es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, salvo ser ministro de Estado. Esta incompatibilidad no distingue entre congresistas activos o su

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