La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podrá volver a usar el chalet de dos plantas con piscina en el entorno protegido del Parque Nacional de Guadarrama como hizo el pasado 12 de julio. Basta con que esté “de guardia de trabajo”, un concepto que refieren fuentes de Presidencia, pero que no explican qué situación recoge exactamente. Las mismas fuentes explican que también está abierto el uso de esta casa de lujo a los consejeros del Gobierno de Ayuso: “Está a disposición de la presidenta y de los consejeros cuando tengan guardias de trabajo”, explican. Los altos cargos como la presidenta o su equipo de gobierno no están vinculados a horarios, ni tienen turnos ni guardias establecidas, ya que se les presupone una entrega al servicio público no regulada por las leyes que rigen para los asalariados o trabajadores comunes.

Cuando El País desveló que Ayuso había pasado un fin de semana en un edificio comprado por su propio Gobierno en 2023 –forma parte de una parcela en la que hay también una ermita del siglo XII, una antigua serrería y por la que los madrileños abonaron 4,3 millones de euros–, fuentes de la Comunidad justificaron que las vacaciones familiares no habían supuesto ningún desembolso de dinero público. La propia Ayuso dijo en rueda de prensa que se había llevado “el tupper” de casa y que había comprado en el supermercado Covirán. De los gastos de limpieza de la casa, la piscina, consumos eléctricos o ajuar doméstico no se hizo mención, aunque se admitió en todo momento que había sido un fin de semana privado, personal y familiar, justificando además que se había producido allí porque esa casa reunía condiciones de “seguridad”.

El salón del chalé comprado por el Gobierno donde Ayuso se quedó de vacaciones en julio

Sin embargo, a partir de ese momento la Comunidad de Madrid ha querido darle una pátina institucional al chalet, alejándolo del uso privado que hizo la presidenta, muy crítica semanas antes con el uso de Pedro Sánchez de las residencias oficiales del Estado. En ese contexto explican ahora que se puede utilizar por miembros del Gobierno si se está haciendo “una guardia de trabajo”, un turno laboral que no se sabe en qué situaciones puede ocurrir y que las fuentes oficiales eluden explicar.

Imagen de la cocina

De hecho, desde la Comunidad no permitieron el acceso a diputados de la oposición que quisieron visitarla en agosto , aduciendo que era un edificio institucional y no podían entrar por “motivos de seguridad”. En el momento de la polémica, el consejero de Agricultura, Carlos Novillo, defendió que “dado que no tiene ningún otro uso adecuado”, se ha usado ocasionalmente como centro de trabajo del Consejo de Gobierno y, en particular, de su consejería, a la que está adscrita la propiedad.

Consultado por elDiario.es sobre qué trabajo de su departamento se ha hecho en ese chalet del que no se conocía hasta julio que fuera utilizado, fuentes de Agricultura no han respondido, aunque Novillo defendió públicamente tras la polémica que el chalet pudiera usarse para la “pernocta” de miembros del Gobierno que pudieran necesitarlo por cuestiones de trabajo.

Desde el entorno de Ayuso recuerdan que, como actos institucionales, se hizo en ese entorno la presentación de la apertura al público de la ermita en julio de 2024 y “alguna reunión de la presidenta con los consejeros de trabajo”, aunque no han contestado cuándo fue ni con qué motivo. A día de hoy solo se conoce el uso, con detalle y fecha, del fin de semana de ocio de la presidenta, que fue revelado por los vecinos de la zona, no por la Comunidad, que tampoco han respondido sobre si la presidenta o algún consejero han utilizado antes o después de la polémica estancia de Ayuso ese mismo chalet a título personal.

Imagen de la suite

El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, cuyo reglamento fue reformado por el Gobierno de Ayuso para tener más control sobre él , ha desestimado también la petición de información de elDiario.es sobre las estancias de la presidenta en el chalet desde que fue comprado en 2023. “No pueden facilitarse fechas de uso ni motivos, al tratarse de información inexistente, pues la instalación no cuenta con un registro de visitantes”, aducen en un escrito fechado hace unas semanas. Es lógico que no haya un registro de visitantes dado que no es un edificio abierto al público, lo cual no obsta para que lo hayan podido utilizar altos cargos, algo que debería comportar un rastro administrativo.

Aunque desde el Gobierno madrileño se ha evitado que trasciendan fotos o detalles de la residencia y se calificó la casa como “muy austera”, un vídeo que promocionaba su venta hace unos años mostraba una gran casa de dos plantas, salón con chimenea, tres habitaciones dobles con baño y una “suite” con despacho anexo, además de una gran piscina.