La defensa de Santos Cerdán ha presentado este lunes en el Tribunal Supremo un extenso escrito en el que solicita una batería de diligencias que reclama, entre otras cuestiones, que se aclare el verdadero papel que ha desempeñado Koldo García en su colaboración con la Guardia Civil y que, sospechan los letrados, ha sido ocultado a través del material expurgado por la Unidad Central Operativa sin control del magistrado del caso.

Por este motivo piden que se reincorpore al procedimiento todo ese material “declarado secreto” y se aclare por qué el comandante imputado en la Audiencia Nacional compartía con sus subordinados un chat denominado “K fontanería” que, según la defensa del ex secretario de Organización, podría explicar las auténticas funciones del ex asesor de José Luis Ábalos, al aludir la K a la primera letra del nombre de Koldo. La tesis de fondo es que el procedimiento se ha dirigido contra Cerdán por su papel en la negociación con Junts.

Los abogados recurren a un atestado de la propia UCO que sirvió para la imputación del comandante Rubén Villalba y a las conversaciones grabadas por él mismo con su jefe, el coronel al mando de UCE-2, dentro del Servicio de Información. En esos audios el propio Villalba explica a su jefe el desembolso de unas cantidades para la compra de teléfonos móviles para Koldo García.

Los abogados de Cerdán hacen alusión concreta a los comentarios sobre la “contaminación” de los dispositivos y lo relacionan con el hecho de que Koldo García insista en que él no grabó las conversaciones que registran indicios contra el que fuera secretario de Organización del PSOE. Los abogados piden que la entrevista a Koldo García en el programa Mañaneros de TVE se incorpore a la causa. También solicitan la declaración de los superiores de Rubén Villalba en la Guardia Civil, así como de los agentes a sus órdenes.

Un segundo vértice del escrito de la defensa se centra en lo que considera una maniobra de Víctor de Aldama para distraer su responsabilidad en la causa que le mantenía en prisión provisional, el fraude de los hidrocarburos, hasta que decidió reconocer su participación en la trama de las mascarillas de Fomento y denunciar la presunta responsabilidad en la corrupción de Ábalos y Cerdán, entre otros responsables del PSOE.

Según los abogados de Cerdán, el empresario Víctor de Aldama intentó ocultar que sus ganancias procedían del citado fraude de los hidrocarburos y que fue con una parte de los 182 millones de euros que le atribuye la Agencia Tributaria con los que “intentó sobornar” a José Luis Ábalos para que el Gobierno de España apoyara al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.

“Ni fraude en la contratación, ni Delcygate, sino fraude en el IVA del Petróleo y Guaidó, que son las verdaderas razones por las que el señor Aldama pretende disfrazar el origen ilícito de su dinero para eludir las consecuencias que le llevan a prisión y que con sus falsarias declaraciones que dan lugar a este procedimiento, eludir la prisión preventiva como finalmente consiguió e, incluso, intentar salvar las ganancias allí obtenidas”, recoge el escrito de los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En este sentido, la defensa de Cerdán solicita que se ponga a disposición del juzgado el listado de visitas que recibió Aldama en la cárcel de Soto del Real antes de hacer la declaración contra los políticos socialistas “al objeto de determinar las vías de concertación y posibles instrucciones recibidas en prisión para dirigir su declaración”. Víctor de Aldama estaba dado de alta como confidente de la unidad contra el terrorismo islamista de la Guardia Civil, en la que estaba enmarcado el comandante imputado, Rubén Villalba.

El tercer pilar sobre el que se asienta el escrito de la defensa de Cerdán apunta a las presuntas irregularidades cometidas en la apertura del procedimiento en el Tribunal Supremo. En el arranque del caso está la denuncia recibida en Anticorrupción y que presentó el Partido Popular de Madrid por el fraude de las mascarillas en Transportes. La defensa de Cerdán destaca que la Fiscalía especializada aceptó investigar esa denuncia quince días después de que el Tribunal Supremo hubiera rechazado otras dos que iban en el mismo sentido. Lo denomina “un patrón de contradenuncia o renuncia reactiva”.

Añaden los letrados que el testimonio de Aldama se incorporó al Tribunal Supremo en “una vulneración de los principios esenciales del procedimiento”. Alegan que no hubo “desglose de hechos nuevos”, que no se incoó un nuevo procedimiento, ni hubo exposición razonada seguida de suplicatorio. Concluyen que se comenzó a investigar a un aforado, Santos Cerdán, sin la autorización del Congreso.

Según la defensa de Cerdán, el Tribunal Supremo abrió una investigación distinta al fraude de las mascarillas sin remitir un oficio a la Audiencia Nacional para que decidiera si había que elevar una exposición razonada sobre la presunta implicación de Cerdán. Además, dicen, la Guardia Civil, “a espaldas del juez y fuera de su control, remitió un oficio al Tribunal Supremo sin autorización” del juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

La defensa de Cerdán sospecha que el caso de la investigación sin autorización del Congreso se está desarrollando en estos momentos contra otros miembros del PSOE, por lo que solicita al juez Leopoldo Puente que las paralice. Del mismo modo solicita que sean incorporados cuanto antes los informes patrimoniales sobre su defendido que la Guardia Civil asegura seguir elaborando.

De otro lado, la defensa de Cerdán vuelve a exponer sus dudas sobre la cadena de custodia de las grabaciones sobre las que se apoya la acusación contra su cliente y denuncia que la Guardia Civil, en una actuación irregular, ha “desplazado” el lugar donde se encontraban los audios originalmente, de la nube a unos dispositivos concretos. También expone que los números de las bolsas que contenían las pruebas no coinciden.

Petición de puesta en libertad

Los abogados de Cerdán han presentado este lunes un segundo escrito en el que vuelven a solicitar la puesta en libertad de su cliente, el que consideran que está encarcelado de acuerdo a “una sospecha policial” sin otro sustento que la interpretación que la UCO hace de las grabaciones incautadas a Koldo García. Aseguran en este sentido que algunas de las grabaciones que se utilizan para acusarle no exceden la “actividad política” de cualquiera que ostentara el puesto de secretario de Organización de un partido.

Los abogados vuelven a exponer cómo no se ha practicado ningún registro a Cerdán y ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción preguntó a los empresarios que prestaron declaración por la supuesta actividad corruptora del político. “Ya no es que no exista indicio ni prueba alguna de la actividad corruptora que se atribuye al Sr. Cerdán con estos señores es que ni tan siquiera existe prueba ni que se hayan llegado a conocer nunca”, añaden.