El Grupo Keralty se pronunció tras la entrega de la EPS Sanitas, ordenada por la Corte Constitucional. En un comunicado contundente, el empresario español Joseba Grajales criticó la "actitud irresponsable y antihumana del Gobierno". Según él, esta situación ha provocado "una tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables".

Grajales enfatizó que no es un día de celebración, sino de duelo por el sufrimiento infligido. Aseguró que el fallo de la Corte es "histórico" y que no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que también revela una estrategia para desmantelar un sistema de salud que ha funcionado para millones de colombianos.

El empresario afirmó que la intervención no fue un simple error administrativo, sino un "ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos". Denunció el abandono de pacientes, la escasez de medicamentos esenciales y el colapso de las redes de atención, describiendo el legado de esta intervención como una "transformación" improvisada y desprovista de humanidad.

Keralty enfrenta una grave crisis financiera y, tras la intervención, sus cifras han empeorado. Grajales presentó cinco peticiones urgentes para recuperar la compañía. Estas incluyen el cumplimiento inmediato del fallo de la Corte, la reparación del daño causado a la red de atención y a los usuarios, y la garantía de estabilidad financiera para las EPS.

Además, solicitó el cese de campañas de desinformación que generan división y desconfianza en la sociedad colombiana. También pidió el establecimiento de garantías institucionales para evitar que una arbitrariedad de esta magnitud se repita en el país, protegiendo el derecho fundamental a la salud, tal como lo establece la Constitución.

Finalmente, Grajales mencionó las acciones judiciales en curso contra quienes ejecutaron la intervención, la cual fue declarada nula y arbitraria por la Corte Constitucional hace dos meses.