La decisión del Supremo de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos, ha irrumpido en plenas ruedas de prensa de socialistas y populares. El Gobierno ha dicho respetar la decisión judicial, aunque ha mantenido fielmente su confianza en el fiscal. En cambio, el PP ha reaccionado asumiendo que llegaría en cualquier momento e insistiendo en que hoy, más que nunca, debe dimitir.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ante la falta de información, se ha limitado a hacer una mínima referencia la acto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El máximo respeto a esta resolución y con las mismas les diré que este Gobierno mantiene confianza en el fiscal general y en su inocencia". Según Alegría, García

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