Cuando una ley afecta o favorece groseramente a un sector de ciudadanos, se está violando nuestra Constitución Política. Y la huella de injusticia no se desvanece en el tiempo.

Recuerdo, por ejemplo, que, durante el gobierno de Fujimori, el Congreso dio una ley que obligaba a los jueces a condenar a los policías que cometían cualquier delito, a imponerles el máximo de la pena prevista, multiplicada por dos.

Una de las grandes paradojas de nuestro país la tenemos en las gravísimas diferencias que se contemplan para quienes postulan a ser congresistas y jueces. A los primeros sólo se les exige ser peruanos de nacimiento y tener 25 años. A quienes pretenden ser magistrados, en cambio, deben sumar tantos requisitos que muchas veces no se logran ni teniendo 3 títulos universitarios, decenas d

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