La reciente sanción de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a manos del Congreso Nacional constituye, en la coyuntura actual, un nuevo hito en la defensa del sistema universitario argentino. Al mismo tiempo, la amenaza del veto presidencial -equivalente al dispuesto en 2024- expone las tensiones existentes entre el ordenamiento de las cuentas públicas y la preservación de la educación superior como política estratégica de desarrollo.

La norma tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento universitario a través de la actualización del valor real del presupuesto de las universidades nacionales , la recomposición salarial y el aumento de las becas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso , su

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