El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya no es capaz de investigar al presidente que lo supervisa.

Eso ya no es motivo de debate. Es un hecho estructural, confirmado por una reinterpretación emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) este pasado abril, que reescribió los límites legales del poder ejecutivo.

Según la nueva doctrina, cualquier acción tomada por el presidente en funciones se presume legal, a menos que una ley federal específica la prohíba explícitamente. No en términos generales, sino nombrando directamente al presidente y restringiendo solo esa conducta.

Esta reinterpretación no surgió en el vacío. Fue resultado de meses de presión por parte de operadores legales alineados con Trump dentro de su régimen, quienes consideraban los proce

See Full Page