Más de un tercio de los 3.000 millones dotados de Presupuestos en octubre de 2022 quedaron sin gastar y la CNMC acaba de reintegrarlos a las arcas públicas; sumando intereses, se han devuelto 2.198 millones

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El Tesoro Público acaba de recuperar más de 2.000 millones de euros que quedaron sin gastar de los 3.000 millones que el Gobierno liberó mediante un crédito extraordinario de los Presupuestos del Estado en octubre de 2022, en plena crisis energética por la invasión rusa de Ucrania, para reforzar la tarifa regulada del gas y proteger a los consumidores de la subida de esta materia prima.

En marzo de 2022 los gobiernos de España y Portugal habían logrado que la UE autorizara la denominada solución ibérica, que evitó el contagio de la subida de la cotización internacional del gas a los precios de la luz. Y unos meses después, a las puertas del invierno y con la inflación disparada en un 9%, el Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha ese escudo de 3.000 millones para proteger de subidas disparatadas del recibo a los consumidores de gas acogidos a la denominada tarifa de último recurso (TUR) del gas, la modalidad regulada.

La medida se aprobó mediante un Real-Decreto Ley y se adoptó en principio con vigencia hasta diciembre de 2023, pero luego se prorrogó seis meses más. A pesar de la avalancha de peticiones en los siguientes meses para contratar la TUR, los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revelan que finalmente no se gastó ni un tercio de esos 3.000 millones, tal y como reflejan las últimas cuentas anuales de este organismo, encargado de liquidar los ingresos que reciben las comercializadoras de gas.

La normativa obligaba a la CNMC a devolver al Tesoro público el remanente de fondos no utilizados a 30 de junio de 2025, tras el fin del tope a las subidas en junio de 2024, y una vez realizadas las liquidaciones a las comercializadoras de último recurso (CUR), que son las que suministran la TUR. En sus últimas cuentas anuales, que Competencia todavía no ha publicado en su página web, el denominado ‘súperegulador’ explica que con posterioridad al cierre del ejercicio 2025, en junio de este año, el organismo “transfirió un importe de 2.198.263.20 euros” al Tesoro, “dando cumplimiento” al Real-Decreto Ley 18/2022, por el que se aprobaron medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribuciones a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + Seguridad para tu energía (+SE)”.

De esos casi 2.200 millones reintegrados por la CNMC al Tesoro, 2.011 millones son “fondos no ejecutados” y otros 183,136 millones, “intereses desde 2023 hasta junio 2025”, detalla la CNMC en sus cuentas anuales.

Preguntado por el destino de esos fondos, el Ministerio de Hacienda indica que “se quedan en Tesoro” porque “no se puede dar otro destino distinto de aquel para el que se libraron”. Los 2.000 millones no utilizados para el refuerzo de la TUR equivalen a la rebaja en el Impuesto de Sociedades para fomentar la capitalización de las empresas y la creación y el mantenimiento del empleo que el Gobierno comunicó a Bruselas en mayo pasado en el informe de seguimiento del plan fiscal estructural.

La tarifa más barata

La TUR es, incluso después del fin de esas subvenciones para contener las subidas, más barata que las ofertas del denominado mercado libre. El último informe de supervisión de la CNMC refleja que el pasado ejercicio, “aunque de una forma mucho más moderada que en 2023, continuó el trasvase de clientes hacia la TUR de gas, que superó los 3,1 millones de clientes a final de 2024”, con un incremento de unos 93.500 suministros en un año. “Así, el porcentaje de clientes en gas acogidos a la TUR pasó a ser del 39%. La TUR continúa siendo la tarifa más competitiva”.

El refuerzo de la TUR con esos 3.000 millones fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una medida para que un 40% de los hogares quedaran protegidos frente a la crisis energética. Se adoptó seis meses después de la invasión rusa de Ucrania. Entonces la cotización del gas estaba disparada en los mercados internacionales en torno a los 180 euros el megavatio/hora (ahora ronda los 30 euros) y había una enorme incertidumbre sobre dónde se situarían a corto plazo los precios de esta materia prima.

Con ese decreto-ley se mantuvo la limitación de la subida trimestral de la tarifa regulada del gas aproximadamente al 5% que el Gobierno venía aplicando desde septiembre de 2021. Entonces, antes incluso de la invasión de Ucrania, la cotización del gas ya había empezado a dispararse, en un contexto de reactivación de la demanda global tras el COVID, bajo nivel de los almacenamientos en Europa, y con Rusia empezando a acumular tropas en la frontera ucraniana, en los primeros compases de la brutal crisis energética que vino después.

Además, con ese decreto se puso en marcha la denominada TUR vecinal, destinada a las comunidades de vecinos con calefacción central de gas natural, que posteriormente se mantuvo de forma indefinida, y que se condicionó a la instalación de contadores individuales por parte de cada vecino. A cierre de 2024 había acogidas unas 6.000 comunidades de propietarios a esta tarifa reducida para calefacciones centrales. La CNMC dejó de publicar datos precisos sobre esa tarifa en marzo de 2023, cuando había 5.491 comunidades de vecinos acogidas a ella. En junio de 2023 el organismo las cifraba en unas 6.000.

Tras las medidas de refuerzo del otoño de 2022 caló en los consumidores que la TUR era mucho más barata que las denominadas “ofertas” del mercado libre, circunstancia que, según reconoció luego la CNMC, había pasado “desapercibida” para los consumidores.

De hecho, en marzo de 2022, con Ucrania recién invadida, la TUR había perdido unos 17.000 usuarios con respecto a septiembre de 2021, hasta 1.525.122 suministros, pese a ser más baratas que las ofertas del mercado libre.

Pero tras anunciar en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esa inyección de 3.000 millones, las peticiones para contratar la TUR se dispararon, y el número de suministros acogidos a la tarifa regulada del gas se duplicó en unos meses, al pasar de 1,5 millones en los que venía moviéndose entonces a los 3 millones que había a diciembre de 2023. Las estadísticas de la CNMC muestran que el máximo se alcanzó en septiembre de 2024.

Tras anunciar el Gobierno esos 3.000 millones para reforzar la TUR, Competencia detectó que se estaban produciendo “movimientos masivos” de consumidores que estaban en el mercado libre hacia esa tarifa regulada, con horas de espera para contratarla, y llegó a abrir un expediente informativo ante las dificultades que estaban encontrando los usuarios para pasarse a esa modalidad. Posteriormente, la CNMC constató “un deterioro significativo de los niveles de calidad en la atención al consumidor durante octubre de 2022 y la primera quincena de noviembre de 2022, llegando a alcanzar en algún caso tiempos de espera superiores a 40 minutos”.

En esas semanas críticas, el porcentaje de llamadas en las que el consumidor no conseguía contactar con ningún comercial pasó del 13% al 48% y “en algunos CUR, el porcentaje de llamadas no atendidas superó el 80”. Sin embargo, y según pudo constatar Competencia, los servicios de atención al cliente “recuperaron la normalidad en la segunda quincena de noviembre” de 2022, “por los refuerzos aplicados por los CUR, principalmente mediante la incorporación de más teleoperadores a los centros de atención telefónica”.