La Consejería de Obras Públicas aspira a finalizar la legislatura con una media de 10.000 viviendas al año en construcción tanto protegidas como privadas. Después de la sequía que supuso la crisis financiera de 2008 y una oferta precaria entre 2009 y 2023 frente a un incremento incesante de la población, el mercado inmobiliario se anima tras las reformas legislativas realizadas en los dos últimos años y ya se han solicitado licencias para edificar más de 2.000 viviendas protegidas en 2024 y otras tantas en 2025, aunque el reto es llegar a la barrera de las 10.000 en los dos próximos años. El consejero de Obras Públicas, Viviendas y Movilidad del Gobierno regional , Pablo Rodríguez , aseguró que la movilización económica que supone los permisos para construir 2.200 viviendas protegida

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