La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado un alarmante informe que indica que 10.805 funcionarios públicos, que trabajan en servicios regionales, salieron del país durante su licencia médica o en parte de ella. Este hallazgo se detalla en el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, que señala un uso irregular de 15.257 licencias emitidas entre 2023 y 2024. De estas, el 76% corresponde a Fonasa y el 24% a Isapres.

Este nuevo dato se suma a los 25.078 funcionarios públicos que la CGR había dado a conocer el 20 de mayo. La contralora general, Dorothy Pérez, había comprometido este reporte ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en junio de este año. El informe también indica que los titulares de estas licencias médicas habrían entrado o salido del país en 26.606 ocasiones durante su periodo de reposo.

Los funcionarios involucrados pertenecen a 442 entidades públicas en diversas regiones. De estas, el 67% son servicios de salud y hospitales, el 15% son Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el 11% son municipalidades y corporaciones, el 4% son establecimientos educacionales, y el 3% corresponde a otros tipos de servicios. Entre los casos más destacados se encuentran el Servicio de Salud Magallanes con 1.258 licencias, SLEP Chinchorro con 1.065, y el Servicio de Salud del Reloncaví con 780 licencias.

Ante esta situación, la CGR ha anunciado que notificará a las instituciones implicadas para que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes. Estas instituciones deberán remitir las resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo de cinco días hábiles. Además, la información será enviada a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones pertinentes.