La eventual candidatura del expresidente Álvaro Uribe al Senado de la República para las elecciones de marzo de 2026, a pesar de enfrentar una condena de 12 años de prisión en primera instancia, desató una tormenta jurídica que pone a prueba las costuras de la legislación colombiana, al plantear un escenario inédito en el que un ciudadano podría ser electo y ejercer como congresista mientras los tribunales deciden en última instancia si debe ir a la cárcel, generando un choque inminente sobre sus derechos políticos, el fuero parlamentario y la estabilidad de una curul que nacería en medio de la incertidumbre judicial.

El anuncio del Centro Democrático de incluir a su líder natural en el puesto 25 de una lista cerrada al Senado abrió el debate. La estrategia, calificada por analistas como

See Full Page