Romper cámaras, paredes y anafes, prender fuego y generar todo tipo de destrozos es un modo de protesta de la población carcelaria. También, un modo de descarga y de expresión violenta frente a otros reclusos y guardias. En el medio, queda mobiliario inutilizado que debe ser reemplazado y daños en estructuras de las prisiones.

¿Quién paga por esos bienes destruidos? La administración pública.

Aunque se abren causas contra los responsables directos de los destrozos, la mayoría son archivadas, generalmente, por pedido de los fiscales federales que intervienen. La reparación del daño es la excepción, no la norma, indicaron fuentes judiciales a Infobae .

Por esa razón, dos fallos, uno de la Justicia federal de Campana y otro de Lomas de Zamora, sorprendieron esta semana. Sobre todo, por

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