En la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, un suceso alarmante tuvo lugar la noche del viernes 5 de septiembre. Una mujer embarazada descendió de un automóvil y, en un lapso de solo dos minutos, dio a luz a una niña. Sin embargo, en lugar de cuidar a su recién nacida, la abandonó en la calle y se dio a la fuga.

Poco después, un ciclista que pasaba por el lugar encontró el cuerpo de la bebé. El hombre, conmovido por la situación, la cubrió con su chamarra mientras otra mujer se encargaba de llamar al 911 para reportar el hallazgo. La notificación al agente del Ministerio Público activó las investigaciones necesarias para asegurar la protección de la bebé en las instituciones designadas.

Este caso se suma a una preocupante tendencia en la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México, donde en los últimos meses se han registrado varios abandonos de recién nacidos en espacios públicos. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿es posible entregar a un bebé a las autoridades en lugar de abandonarlo?

En México, existe un procedimiento legal que permite a las madres, o a ambos padres, que no desean o no pueden mantener la guarda y custodia de un bebé, entregarlo de manera formal a una institución autorizada. Este proceso se conoce como "entrega voluntaria" y está regulado por las leyes de cada estado, aunque se rige por lineamientos generales en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los códigos civiles locales.

Por ejemplo, en el Estado de México, se contempla un procedimiento para la entrega legal de un menor. Según la institución correspondiente, "en el Estado de México puedes realizar entregas voluntarias al DIFEM, que se encuentran previstas en la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones del Estado de México".

Para iniciar este procedimiento, la parte interesada debe presentarse en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con los documentos de identidad del menor. Posteriormente, la adopción se convierte en una figura jurídica que termina el vínculo del niño con su familia biológica, trasladándolo a una familia adoptiva que garantice su bienestar.

El proceso de entrega voluntaria incluye varios pasos: primero, se presenta una solicitud formal ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Luego, las autoridades realizan valoraciones psicológicas y socioeconómicas para asegurar que la entrega sea voluntaria y sin coacción. Finalmente, se firma un acta de entrega voluntaria, y el menor queda bajo la custodia del DIF o una institución autorizada, donde recibirá protección y atención mientras se resuelve su situación legal.

Es importante destacar que esta entrega no implica necesariamente la pérdida inmediata de la patria potestad por parte de los padres, ya que se requiere un procedimiento judicial posterior para suspenderla o perderla definitivamente, especialmente si se busca la adopción del menor. Este proceso está diseñado para proteger los derechos del niño y garantizar que la decisión se tome de manera responsable y bajo supervisión judicial.