El dictamen emitido por la Superintendencia de Educación en junio de este año, en el cual establece la prohibición para los colegios con financiamiento compartido de imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la no renovación de matrícula ante incumplimiento de compromisos pecuniarios por parte de los padres, siempre que ello se deba a motivos socioeconómicos, ha generado una fuerte controversia en el ámbito educacional, motivando incluso presentaciones ante la Contraloría por parte de organizaciones gremiales que reúnen a distintos tipos de establecimientos, lo propio hizo la Conferencia Episcopal, solicitando que el ente contralor declare la ilegalidad de dicha resolución.

Dicho dictamen -que ha sido respaldado por el Ministerio de Educación- ciertamente ha tomado por sorpre

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