Dina Boluarte las va ganando todas. El Tribunal Constitucional no permite que se le investigue, mucho menos que se allanen sus domicilios, mientras que el Congreso le manda al archivo todas las denuncias constitucionales. La última, esta semana, concluye que ni la presidenta ni sus ministros tenían relación alguna con las órdenes de tirar a matar a 50 peruanos que osaron protestar contra su gobierno. Muchos de ellos menores de edad o apenas transeúntes cayeron muertos de un balazo que disparó el Ejército o la Policía. Muchos de los asesinatos están en video y ocurrieron en el lapso de tres meses. Según la tesis de la gran mayoría parlamentaria pro impunidad, esta gente murió abaleada por fuerzas del orden que, vaya usted a saber por qué, disparaban porque se les ocurrió jugar al tiro al bl
El pueblo ya aprendió, por Rosa María Palacios

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