La presidenta Claudia Sheinbaum envió una propuesta de reformas a la ley de amparo que obliga a los jueces a dictar sentencia a más tardar 60 días de que se celebró la audiencia constitucional, permite a autoridades no cumplir con una sentencia si demuestran que es imposible hacerlo jurídica y materialmente, y define en qué consiste el interés jurídico de quien solicita esa protección ante un acto de autoridad.

En la exposición de motivos de la reforma enviada al Senado la tarde de este lunes, el documento señala que para demostrar el interés legítimo de quien solicita el amparo, debe demostrarse que el acto de autoridad causa una “lesión jurídica, entendida esta, como la restricción, intervención, daño o perjuicio a los derechos de la quejosa, sin justificación”, y que exiete relación

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