BOGOTÁ (AP) — Al menos 146 defensores de tierras y el medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron a nivel mundial en 2024, y más del 80% de los casos se registraron en Latinoamérica, de acuerdo con el informe del grupo Global Witness dado a conocer el miércoles.

La organización, con sede en Londres, dijo que la región se ubicó nuevamente como la más peligrosa para las personas que protegen sus hogares, a sus comunidades y recursos naturales, registrando 120 de los casos. Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, con 48 asesinatos —casi una tercera parte de los casos a nivel mundial—, seguido de Guatemala con 20 y México con 18.

El número de asesinatos en Guatemala se quintuplicó frente a los cuatro registrados en 2023, convirtiéndose en el país con la tasa per cápita más alta de muertes de ambientalistas a nivel mundial. Brasil registró 12 asesinatos, mientras que Honduras, Chile y México registraron una desaparición cada uno.

“Hay muchos factores que contribuyen a los niveles persistentemente altos de violencia en los países latinoamericanos, particularmente en Colombia", señaló Laura Furones, investigadora principal del informe, en declaraciones a The Associated Press. "Estos países son ricos en recursos naturales y tienen vastas áreas de tierra bajo presión para la producción de alimentos y forraje. El conflicto por la extracción de estos recursos y por el uso de estas tierras a menudo conduce a la violencia contra los defensores que intentan hacer valer sus derechos”.

Desde 2012, Global Witness ha documentado más de 2.250 asesinatos y desapariciones de defensores de tierras y del medio ambiente en todo el mundo. Casi tres cuartas partes de los casos ocurrieron en América Latina, incluidos cerca de 1.000 desde 2018, cuando la región adoptó el Acuerdo de Escazú —un tratado con el objetivo de proteger a los ambientalistas. El pacto requiere que los gobiernos garanticen el acceso a la información ambiental, aseguren la participación pública en la toma de decisiones ambientales y tomen medidas oportunas para prevenir y castigar los ataques contra quienes defienden al medio ambiente.

“El Acuerdo de Escazú proporciona una herramienta crucial para América Latina y el Caribe", explicó Furones. "Pero algunos países aún no lo han ratificado, y otros que lo han hecho han actuado con lentitud en cuanto a su implementación y financiamiento adecuado. Poner fin a la violencia contra los ambientalistas no ocurrirá de la noche a la mañana, pero los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos hacia una plena implementación”.

El informe destacó que los pueblos indígenas sufrieron una parte desproporcionada de la violencia. Representaron alrededor de una tercera parte de todos los ataques letales a nivel global el año pasado, a pesar de constituir únicamente alrededor del 6% de la población mundial. El 94% de todos los ataques a defensores indígenas documentados en el informe ocurrieron en América Latina.

En la región del Cauca, en el suroeste de Colombia, los jóvenes indígenas están tomando medidas para asegurarse de que no serán la próxima generación de víctimas. A través de “semilleros” comunitarios, niños y adolescentes se entrenan en el cuidado ambiental, tradiciones culturales y la defensa territorial, preparándose para asumir roles de liderazgo en la protección de tierras que han estado bajo la presión de grupos armados e industrias extractivas.

“Somos defensores porque nuestra vida y nuestro territorio están en amenaza”, dijo Yeing Aníbal Secué, un líder juvenil indígena de 17 años oriundo de Toribio, Cauca.

Estas iniciativas muestran cómo las comunidades se están organizando desde la base para resistir la violencia, incluso cuando Colombia sigue siendo el país más peligroso para los ambientalistas.

Los pequeños agricultores también fueron objeto de intensos ataques, representando el 35% de las víctimas en la región. La mayoría de los asesinatos estuvieron relacionados con la disputa de tierras, y muchos estuvieron vinculados a industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Se sospecha que grupos de crimen organizado fueron responsables en al menos 42 de los casos, seguidos por fuerzas de seguridad privada y sicarios.

El departamento de Putumayo, en la Amazonía del sur de Colombia, ilustra muchos de los riesgos que enfrentan los ambientalistas.Con una ubicación estratégica que conecta a los Andes y el Amazonas, la región es rica en bosques, ríos y conocimiento cultural. Pero también se encuentra en la encrucijada del conflicto armado, proyectos extractivos y economías ilícitas. Desde hace mucho tiempo, los grupos armados han utilizado el río Putumayo como una ruta para el contrabando hacia Brasil y Ecuador, donde los laxos controles facilitan el trasiego de cocaína, minerales y dinero lavado.

Un defensor ambiental de la zona, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo a la AP que esto ha creado uno de los ambientes más hostiles del país.

“Defender derechos aquí significa vivir bajo una amenaza permanente", declaró. "Enfrentamos presiones de la minería ilegal, proyectos petroleros ligados a grupos armados, la deforestación y los cultivos de coca. Alzar la voz casi siempre te convierte en objetivo militar”.

Andrew Miller, de la organización sin fines de lucro Amazon Watch, dijo que las redes criminales transnacionales involucradas en el tráfico de drogas, oro y madera se han convertido en una fuerza importante detrás de las amenazas —y a menudo ataques mortales— contra los defensores del medio ambiente.

“La situación de seguridad para los ambientalistas en toda la Amazonía es cada vez más precaria”, puntualizó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.