El Gobierno de Pedro Sánchez desatendió la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) con su veto a la iniciativa del PP para reducir al 10% el IVA a las peluquerías para paliar los efectos de la pandemia. Así lo ha puesto de manifiesto la Sala Segunda de la corte de garantías en una sentencia por unanimidad en la que recuerda al Ejecutivo que ese veto debe justificarse con perjuicios a las arcas públicas en el ejercicio en vigor, algo que no sucedía en este caso, pues la reforma no entraba en vigor hasta 2022.

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Inmaculada Montalbán, considera igualmente que la entonces presidenta del Senado, la exministra de Justicia Pilar Llop, "se limitó a asumir íntegramente la justificación ofrecida por el Gobierno y omitió cualquier consideración

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