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La propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum generó alertas en la comunidad jurídica y senadoras de oposición , porque la consideran un retroceso, aunque el argumento del Ejecutivo federal es que los cambios en criterios como la improcedencia de la suspensión del acto reclamado y el interés legítimo contribuyen “al establecimiento de una administración de justicia más equitativa y eficaz”.

La iniciativa presidencial precisa que la improcedencia de la suspensión por lesiones al interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa “tiene por objeto evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas, que lesionen los intereses de la sociedad, atendiendo a la naturaleza e importancia de di

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