El Congreso de Perú ha presentado una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, tras la revelación de audios que sugieren su implicación en tráfico de influencias. La iniciativa, liderada por la congresista Susel Paredes, cuenta con 34 firmas de legisladores de diversas bancadas. La moción se formalizó después de que se difundieran audios en los que Santiváñez supuestamente intercede a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como 'El Diablo', un criminal condenado por pertenecer a la banda "Los Pulpos".

La moción de censura se presentó a pesar de que se había impulsado antes de la difusión de los audios. Sin embargo, estos últimos fueron el catalizador que permitió reunir las firmas necesarias para su admisión en el Pleno del Congreso. Para que la moción sea aprobada, se requieren al menos 67 votos a favor, y se espera que el debate se lleve a cabo en octubre, tras la semana de representación.

Los argumentos en contra de Santiváñez son contundentes. Se le acusa de falta de eficacia en su gestión como ministro del Interior, donde se registró un aumento significativo de la criminalidad. En marzo de 2025, fue censurado por el Congreso debido a su incapacidad para enfrentar la creciente inseguridad. Además, enfrenta graves acusaciones judiciales que incluyen tráfico de influencias y abuso de autoridad, así como su supuesta implicación en una organización criminal relacionada con actos de corrupción.

La moción de censura también destaca la contradicción de su nombramiento, dado que ya había sido censurado en otro cargo. Se argumenta que su permanencia en el Ministerio de Justicia representa un riesgo para la administración de justicia en el país. La situación ha generado un clima de desconfianza política y ética, lo que ha erosionado su capacidad para liderar un sector crucial en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

En respuesta a las acusaciones, Santiváñez ha rechazado haber cometido actos ilícitos y se ha ofrecido a someterse a peritajes para demostrar su inocencia. Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, también ha negado la veracidad de los audios y ha declarado ante el Ministerio Público como testigo en la investigación por tráfico de influencias. La situación se mantiene en desarrollo, y el futuro de Santiváñez en el cargo está en juego.