La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena, tras ser señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con ‘La Mayiza’, una facción del Cártel de Sinaloa. Este bloqueo afecta también a 22 empresas y otros individuos relacionados.

La UIF anunció que llevará a cabo un análisis exhaustivo de la información financiera de las personas y entidades designadas. Si se identifican actividades ilícitas, se informará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se tomen las acciones legales pertinentes.

Este movimiento se produce en el contexto de la visita de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera. La UIF explicó que el bloqueo es una medida preventiva y no implica una condena judicial.

Según la OFAC, durante el mandato de Brown como presidenta municipal de Playas de Rosarito, los hermanos Alfonso y René Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa, consolidaron su control en la región. Se alega que estos individuos utilizaron conexiones con Jesús González Lomelí, un empresario local, y Candelario Arcega Aguirre, un operador político, para corromper el gobierno municipal.

El comunicado de la OFAC detalla que Arcega tenía una relación cercana con Brown, lo que le permitió influir en el gobierno municipal y colocar a sus aliados en posiciones clave. Juntos, habrían recaudado pagos de extorsión y garantizado la protección de las actividades delictivas de los Arzate.

La OFAC también incluyó a Hilda Brown en su lista de sancionados, lo que significa que todos sus bienes e intereses en Estados Unidos quedan bloqueados. Esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades estadounidenses para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero, especialmente en relación con el Cártel de Sinaloa, que es considerado una organización terrorista extranjera.

La UIF subrayó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y no implica culpabilidad automática. Las autoridades mexicanas están comprometidas a actuar de manera coordinada con el sistema financiero para evitar que recursos de origen ilícito se introduzcan en la economía nacional.