Vox exige al Govern de Marga Prohens dar prioridad a los españoles frente a los inmigrantes ilegales en el acceso a todas las ayudas sociales en Baleares, estableciendo el principio de prioridad nacional en las bases reguladoras de las subvenciones, cuyos créditos presupuestarios correspondan en exclusiva al Gobierno autonómico.

La iniciativa de Vox afectaría en materia educativa a la gratuidad de la educación infantil (0-3 años), ayudas de comedor, transporte escolar o becas de estudios.

En materia laboral, al acceso a programas de inserción sociolaboral, cuota de autónomos, planes de formación o formación profesional para el empleo y, también en materia judicial, a la asistencia jurídica gratuita.

Para hacer viable esta demanda insta el partido de Santiago Abascal al PP a que impulse las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito autonómico para incorporar el principio de prioridad nacional para el acceso a los servicios y prestaciones sociales en las Islas Baleares, así como a modificar las normas reglamentarias que sean necesarias.

La Proposición no de Ley registrada ya por Vox en el Parlament se produce cuando en los últimos meses continúa creciendo la llegada multitudinaria de personas a Baleares, «utilizadas como mercancía por las mafias o como herramienta de política internacional por vecinos desleales como Marruecos».

En las Islas Baleares el incremento de llegadas de inmigrantes ilegales en 2025 «es alarmante» . Desde el 1 de enero cerca de 5.000, más del doble que el total registrado el año pasado y cinco veces superior a las cifras de hace dos años. Sólo en los primeros 15 días de agosto, 1.243 inmigrantes ilegales llegaron en pateras desde territorio argelino, según datos de la Policía Nacional.

Vox alerta que estas llegadas masivas, desbordadas en el tiempo y en el espacio, están colapsando servicios sociales, sanitarios y educativos, provocando situaciones de inseguridad en los barrios y generando una presión insoportable sobre el Estado del Bienestar.

«Nuestros ciudadanos padecen cada día las consecuencias de una política migratoria irresponsable, mientras esperan meses para una cita médica o no pueden acceder a una vivienda digna, el Gobierno destina millones de euros a subvencionar entidades y programas de acogida que priorizan a quienes han entrado ilegalmente en España. Esta situación es absolutamente insostenible».

Para Vox es especialmente grave la problemática derivada de los menas cuya tutela ha sido impuesta a las comunidades autónomas por el Gobierno central, sin dotación presupuestaria adecuada y sin mecanismos eficaces de control.

En las Islas Baleares en 2024 se registraron más de 541 ingresos, cifra que supone un incremento del 97% con respecto al año anterior. En lo que va de año la cifra es de 350 más, los centros de acogida están saturados, generando un notable malestar vecinal, inseguridad en el entorno, y tensión en los servicios de asistencia social, sanitaria y educativa.

Esta situación, lamenta el partido, «no solo es injusta, sino que vulnera la autonomía de nuestras instituciones, obliga a desviar recursos públicos y pone en peligro la convivencia y el arraigo de nuestras comunidades.

Por ello insta al Gobierno de España a tramitar de forma urgente la repatriación de todos los menas que se encuentran en territorio nacional a sus países de origen con sus padres, familiares o entorno íntimo y al Govern a oponerse a la reubicación o acogida en las Islas Baleares de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España.