El anuncio hecho verano por los transportistas gallegos sobre la a AP-9 se acaba de materializar. Tres días después de que el Gobierno central acordase dejar en manos de Bruselas la decisión sobre las prórrogas en la concesión a Audasa, una resolución que podría demorarse hasta diez años, la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) ha decidido no esperar a que el Tribunal Europeo de Justicia resuelva el caso y ha presentado ante el Tribunal Supremo una acción de nulidad de las prórrogas otorgadas por el Ejecutivo socialista de Felipe González por diez años y otros 25 después por los populares.

Esta decisión, anunciada por la organización más representativa del sector en la comunidad el pasado 24 de julio en Santiago, marca un punto de inflexión en una batalla l

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