La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha decidido suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un periodo de seis meses. Esta medida se toma en medio de un conflicto por la no reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. La vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, propuso la suspensión, la cual fue respaldada por sus colegas. Espinoza no asistió a la audiencia programada para presentar sus descargos, argumentando que no existen garantías de un debido proceso.

La suspensión se basa en la supuesta negativa de Espinoza a acatar la resolución de la JNJ que ordenaba la reincorporación de Benavides. Según el informe de Cabrera, Espinoza habría ignorado la orden, continuando en su cargo de manera ilegal e inconstitucional. Además, se le acusa de no cumplir con sus funciones como fiscal suprema y de instigar a otros a realizar una vigilia en la sede del Ministerio Público para impedir el cumplimiento de la resolución.

Espinoza, a través de su defensa legal, ha calificado el proceso en su contra como "inconstitucional y lleno de ilegalidades". Su abogado ha denunciado que el procedimiento es arbitrario y que no se están respetando las garantías procesales. La JNJ, por su parte, ha apartado al consejero Francisco Távara por haber opinado previamente sobre el caso, lo que podría comprometer la imparcialidad del proceso.

Durante la suspensión, el fiscal supremo de mayor antigüedad, Pablo Sánchez Velarde, asumirá interinamente la Fiscalía de la Nación. Si él declina, Zoraida Ávalos tomará el cargo, y si ella también se niega, será Tomás Gálvez quien asuma. La suspensión de Espinoza podría extenderse hasta un año, dependiendo del resultado del proceso disciplinario en su contra.

La situación ha generado un intenso debate sobre la autonomía del Ministerio Público y las implicaciones de esta decisión en el sistema judicial del país. Espinoza ha expresado su preocupación por su seguridad personal, afirmando que "mi propia vida está en riesgo". La JNJ deberá continuar evaluando el caso y sus repercusiones en el futuro de la fiscalía.