En los últimos meses, el término huachicol fiscal ha cobrado fuerza en la discusión nacional.

A diferencia del huachicol tradicional —relacionado con el robo de combustibles —, este esquema se refiere a la evasión y elusión de impuestos mediante facturas falsas, empresas fantasma y operaciones simuladas. El tema ha generado controversia porque implica pérdidas millonarias para el erario y la participación de redes empresariales y políticas.

La discusión alcanzó un nuevo nivel cuando analistas y opositores plantearon la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera tenido conocimiento de estas prácticas. Para muchos, la pregunta no solo se centra en la legalidad de los hechos, sino en el nivel de vigilancia y responsabilidad que debe ejercer el mandata

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