Más de 500 puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad están en riesgo debido a la deuda que arrastra la Administración autonómica con los centros especiales de empleo, que han lanzado la voz de alarma por la situación crítica en que se encuentran porque desde febrero no reciben las subvenciones del Servicio Canario de Empleo (SCE), financiación imprescindible para mantener los centros y los puestos ocupados por las personas con discapacidad.
La Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo (Accee) califica de «caótica» la gestión de las ayudas públicas que recibe tras la decisión del SCE de modificar el órgano interno que las tramita, lo que ha provocado un colapso que los centros de Tenerife sufren desde febrero y los de la provincia de Las Palmas desde mayo. El