La figura del Defensor del Niño no es una más dentro del esquema institucional argentino. Fue creada por ley para cumplir una tarea importantísima: velar por los más vulnerables, nuestros niños y adolescentes. Para ello se le asignaron facultades suficientes para exigir el cumplimiento de las políticas públicas en defensa de la niñez, con competencia incluso para iniciar acciones judiciales y poner remedio a las omisiones del propio Estado.

Por la importancia que reviste esta figura -que tiene 5 años de mandato-, el proceso de selección debería ser un arquetipo de transparencia e imparcialidad. Sin embargo, lo que hemos presenciado en las últimas semanas en la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, encargada de conducir el concurso de selección, dista mucho de cumplir con esas regl

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