La Sauna Princesa , ubicada en la calle Mártires de Alcalá junto a la céntrica calle Princesa y regentada por el suegro de Pedro Sánchez, acumuló un total de 27 denuncias y 9 inspecciones por parte de la Policía Municipal durante sus más de dos décadas de funcionamiento. El establecimiento impulsado por la familia de Begoña Gómez posteriormente se transformó en un hotel.

Según un informe oficial de la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid consultado por OKDIARIO, «por parte de la Policía Municipal de Madrid se llevaron a cabo un total de 9 inspecciones al mencionado local, realizando un total de 27 denuncias».

El local, que funcionaba como sauna con servicios de prostitución , estaba inicialmente vinculado a Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente Pedro Sánchez. Los archivos municipales de la época reflejan así multitud de incidencias relacionadas con el establecimiento en forma de denuncias y posteriores inspecciones policiales. La ausencia de registros digitales para el período comprendido entre 1989 y 1999 impide conocer el detalle de las actuaciones policiales durante esa primera década de funcionamiento.

El establecimiento cambió de manos en diferentes ocasiones durante su trayectoria. En 2006, la empresa San Bernardo 36 SL –una de las que gestionaba la red de saunas– pasó a ser propiedad de Francisco Enrique Gómez Serrano, hermano de Sabiniano, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. Posteriormente, en 2013, se produjo un nuevo traspaso a Ángel Prieto Paz, propietario de otros establecimientos similares.

La ubicación del establecimiento, en pleno centro de Madrid y próximo al Palacio de Liria, convertía el local en un punto neurálgico del ocio nocturno de la capital durante sus años de funcionamiento. Aparecía publicitado en anuncios clasificados bajo el epígrafe «Otros servicios – Relax ».

El Tribunal Supremo sentenció en 2001 que en ese local se «ejercía la prostitución» . La resolución judicial, fechada el 7 de diciembre de 2001, indica que la Policía tenía constancia de que ese local era un prostíbulo en realidad, pese a tener la denominación de sauna.

La sentencia del Alto Tribunal revela que el establecimiento estaba « acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución». Esta descripción judicial evidencia el conocimiento oficial sobre la naturaleza del negocio desarrollado por los familiares del actual presidente del Gobierno.

El fallo judicial en sí anulaba la orden de expulsión del país dictada por el Gobierno de Felipe González de una ciudadana guineana por no existir prueba fehaciente de que dicha mujer en concreto ejercía la prostitución, pese a que estaba en el local dedicado a esta actividad. La mujer alegó que estaba trabajando en ese local de camarera solamente.

Otra sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid certificó igualmente estas prácticas. El fallo del tribunal madrileño detalló que en Sauna Princesa se «realizaba una actividad de prostitución en las habitaciones del piso de arriba del propio local, en las que se disponía de sauna, jacuzzi, camas, etc».

Según documentación judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que citaba a una madame , en el establecimiento se cobraba «150 euros la media hora ; 300 euros la hora completa» por servicios sexuales. El sistema de explotación se basaba en que «la empresa cobraba a los clientes y otorgaba el 50% del servicio sexual a la trabajadora».

Esta estructura permitía a la familia obtener pingües beneficios , quedándose con 75 euros por media hora y 150 euros por hora completa, además de los ingresos por alterne y consumiciones que alcanzaban los 30 euros por combinado.

El negocio disponía de « una extensa prueba documental consistente en liquidaciones por servicios sexuales y hojas de caja», según consta en la resolución judicial. Estos documentos demostraban el volumen y la sistematización del negocio prostibulario durante la primera década de los años 2000.

Un ex encargado del establecimiento ha confirmado a OKDAIRIO que «el tío de Begoña era el recaudador, 15.000 pesetas el polvo». El testimonio desvela que «Enrique, que era el mayor, era el dueño y supuestamente con el contable recogía los fondos».

Según este testimonio, la connivencia con las autoridades de la época era una práctica habitual. «Estaban invitados para lo mismo y era la propia familia Gómez la que invitaba a estos policías, les invitaban a las copas y a lo que fuera », asegura sobre la presencia de agentes de diferentes cuerpos en el local.

Patrimonio empresarial

San Bernardo 36 SL ha mantenido un patrimonio inmobiliario valorado en cerca de un millón de euros. La empresa conserva seis propiedades repartidas por Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Segovia.

Entre los inmuebles destacan locales comerciales adquiridos en 2008, con superficies superiores a los 116 metros cuadrados útiles. También figura una vivienda de 90,52 metros cuadrados en Alcalá de Henares , junto a plazas de garaje en distintas ubicaciones madrileñas.

La sociedad llegó a poseer un apartamento en Mojácar que posteriormente vendió a la propia Begoña Gómez en 2013. Esta operación se produjo antes de que Pedro Sánchez accediera a la Secretaría General del PSOE en julio de 2014.

Accidente mortal

Una sentencia del Supremo de 1989 documentó un caso de imprudencia con resultado de muerte ocurrido en 1984 en la Sauna Adán, otro establecimiento propiedad de Sabiniano Gómez. Un fontanero aficionado murió electrocutado mientras reparaba un desagüe, a pesar de haber sido advertido del peligro por el conserje.

El Supremo confirmó la condena por imprudencia y estableció que Sabiniano Gómez debía pagar 1.500.000 pesetas de indemnización como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia del electricista condenado.