El Gobierno nacional dejó en suspenso la aplicación de la Ley 27.793 , que declaró la emergencia en discapacidad , pero al mismo tiempo dispuso una reasignación presupuestaria de más de $121.000 millones para reforzar las partidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y atender la actualización reclamada por los prestadores del sistema de prestaciones básicas.

La Ley 27.793 había establecido un paquete amplio de disposiciones. Entre los ejes centrales figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores , la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilacio

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