La decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley de financiamiento universitario sancionada recientemente por el Congreso nacional generó un nuevo escenario de incertidumbre en torno al futuro de las universidades públicas argentinas.

El principal efecto inmediato es la ausencia de un marco normativo que otorgue previsibilidad presupuestaria al sistema, lo que impacta de manera directa en la planificación de sus funciones esenciales, que son la formación de estudiantes, la producción científica y tecnológica, la atención en hospitales universitarios y las tareas de extensión comunitaria.

Esa imprevisibilidad no sólo golpea a los claustros académicos, también repercute directamente en la sociedad, que se beneficia de los múltiples servicios que prestan estas instituciones.

Desde el Colegi

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