El condado de Penobscot, en Maine, se enfrenta al mayor brote de VIH en la historia del estado. El distrito, donde se encuentra Bangor, una ciudad de aproximadamente 32.000 habitantes , ha identificado 28 nuevos casos en casi dos años. Este número es siete veces mayor que el habitual para ese período. La mayoría de los casos afectan a personas que consumen drogas y no tienen vivienda.

Expertos en salud pública y defensores locales señalan que el brote se agravó por una combinación de factores: la reducción y el cierre de programas que distribuían jeringas estériles a personas que consumen drogas, la escasez de proveedores médicos especializados en VIH y el desalojo del mayor campamento de personas sin hogar de la ciudad.

Tras el desalojo, se interrumpió la atención de quienes habían sido diagnosticados recientemente y vivían allí.

Estos problemas podrían dejar de ser un asunto exclusivamente local.

La administración Trump está promoviendo políticas similares en todo el país. En una orden ejecutiva reciente, Trump dispuso que se retiraran los fondos a los programas que se dedican a la reducción de daños. Es decir, desfinanció muchas intervenciones de salud pública como la distribución de jeringas estériles, destinadas a proteger la vida de las personas que consumen drogas.

Es cierto que estas iniciativas a veces son controversiales y sus detractores afirman que fomentan las actividades ilegales.

La orden ejecutiva también promueve la expulsión de las personas sin hogar de las calles e indica que se las obligue a recibir tratamiento. Esto se produce después de que la administración recortara o retrasara la financiación de varios programas relacionados con las adicciones y el VIH , y vació las agencias federales centradas en estos temas .

La administración sostiene que su enfoque aumentará la seguridad pública, pero décadas de investigación sugieren lo contrario. Muchos líderes comunitarios y expertos advierten que estas medidas podrían provocar más brotes como el de Bangor.

“Parece inevitable”, afirmó Laura Pegram, directora de Drug User Health en NASTAD, una asociación de funcionarios de salud pública que administran programas contra el VIH y la hepatitis.

Según Pegram, las personas que consumen drogas se enfrentan a un triple riesgo: VIH, hepatitis C y sobredosis. “Creo que empezaremos a ver cómo esas tres cosas vuelven a aumentar en todo el país”.

“Eso tendrá un costo altísimo”, agregó, tanto en lo económico como “en términos humanos”.

Además, los brotes que empiezan entre personas que usan drogas pueden fácilmente extenderse a quienes no lo hacen.

Brote de VIH

El primer caso de VIH en el brote actual de Bangor apareció en octubre de 2023 , mucho antes de que Trump volviera a la presidencia.

Puthiery Va, directora del Departamento de Salud Pública de Maine , atribuyó este aumento de casos a la epidemia de opioides, la escasez de vivienda y los limitados servicios de salud en el área de Bangor.

Activistas locales señalaron un importante factor adicional: la falta de suministros en el principal programa de jeringas de la región, y su cierre posterior.

Una organización sin fines de lucro que daba atención médica y servicios sociales a personas que usan drogas, la Health Equity Alliance, o HEAL, distribuía más de 500.000 jeringas estériles al año.

Como en otros programas similares, buscaba prevenir la transmisión de enfermedades que puede ocurrir cuando se comparten jeringas.

Sin embargo, dificultades financieras y de gestión provocaron importantes carencias en los últimos años.

El ex director ejecutivo de HEAL, Josh D’Alessio, reconoció estos problemas y respondió a KFF Health News: “Sí, en ocasiones nos quedamos sin jeringas” o se debe limitar cuántas podían llevarse los participantes.

En otoño de 2023, varias de estas faltas se hicieron sentir, y el personal de HEAL las relacionó con el primer caso de VIH.

El futuro de la reducción de daños

Las investigaciones sugieren que existe una fuerte conexión entre los brotes de VIH que se han producido en el pasado en personas que consumen drogas y la falta de acceso a agujas estériles, explicó Thomas Stopka , epidemiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad Tufts.

Un brote que se produjo en 2015 en el condado de Scott , en Indiana , y otro en el Valle de Merrimack , en Massachusetts, unos años después, solo se pudo frenar con el reforzamiento de los programas de servicios de jeringas , dijo Stopka.

Según un estudio , si esos programas hubieran existido antes en el condado de Scott, se podrían haber evitado más de un centenar de infecciones.

Va, quien dirige el Maine Center for Disease Control and Prevention, dijo que considera la escasez de servicios de jeringas en el área de Bangor como un factor en el brote actual, aunque no la causa principal.

Por su parte, Stopka asegura que la acción más eficaz para aliviar un brote “es aumentar el acceso a jeringas estériles”.

Pero la reciente orden ejecutiva de Trump vincula los programas de reducción de daños con el crimen y afirma que estos esfuerzos “solo facilitan el consumo ilegal de drogas y los daños que conlleva”. La orden no menciona directamente los programas de jeringas —que, en el pasado, han sido respaldados tanto por demócratas como por republicanos —, pero apunta a los sitios de “consumo seguro”, donde las personas pueden usar drogas bajo supervisión.

Muchos defensores temen que los ataques empeoren .

La principal agencia nacional de adicciones aclaró en un comunicado que, según la orden ejecutiva de Trump, los fondos federales no pueden usarse para comprar jeringas ni pipas para drogas. Esta restricción, sin embargo, ya existía desde hace décadas. El comunicado no mencionó si los programas de distribución de jeringas pueden recibir apoyo para sus gastos operativos generales.

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo a KFF Health News que la administración está comprometida con “abordar la crisis de adicciones y sobredosis que afecta a comunidades de todo el país”. Pero ni él ni otros portavoces de la Casa Blanca respondieron preguntas específicas sobre la postura de la administración con respecto a los servicios de jeringas.

En Bangor, algunos vecinos expresaron preocupaciones parecidas a las del presidente en relación con la reducción de daños.

En una reunión del Concejo Municipal que se realizó en marzo de 2024 —poco después de que el estado certificara un nuevo programa de intercambio de jeringas para la ciudad—, residentes y comerciantes dijeron que se sentían inseguros por el aumento de personas sin hogar que usaban drogas. Temían que los programas de jeringas fomentaran ese comportamiento.

Pero las investigaciones indican que los programas de jeringas hacen disminuir el número de agujas que se descartan en lugares públicos y no aumentan la delincuencia . Pueden reducir a la mitad los nuevos casos de VIH y hepatitis C, quintuplicar el ingreso a tratamientos por adicción y ahorrar dinero a los contribuyentes .

También son los principales distribuidores de medicamentos para revertir sobredosis, cuyo uso ha sido apoyado por muchas comunidades e incluso por la administración Trump.

Finalmente, la ciudad decidió que el programa certificado Needlepoint Sanctuary no podría operar en parques o plazas públicas importantes.

En los meses siguientes, Needlepoint ofreció sus servicios de jeringas únicamente en el campamento de personas sin hogar más grande de la ciudad, donde varios residentes habían dado positivo para VIH, según contó su director ejecutivo, William “Willie” Hurley. Eso terminó en febrero, cuando la ciudad desalojó el campamento.

Este verano, Needlepoint consiguió un local privado para su programa de intercambio de jeringas, pero lo tuvo que cerrar cinco días después, cuando las autoridades municipales plantearon problemas de zonificación .

Jennifer Gunderman , directora del Departamento de Salud de Bangor, dijo que la ciudad intenta encontrar un equilibrio entre “ofrecer servicios y lo que quiere la comunidad”.

“Lograr que la mayoría de la comunidad esté de acuerdo con los programas de reducción de daños es fundamental para su continuidad”, señaló.

Otras ciudades, en Maine y en otros estados , han visto reacciones similares que derivaron en nuevas leyes que restringen o eliminan estos programas.

Gunderman  espera evitar que eso ocurra en Bangor.

Desalojos de campamentos

La orden ejecutiva de Trump también busca sacar a las personas sin hogar de la calle y mandarlas a centros de tratamiento aunque no quieran.

La administración ya está aplicando esta política en Washington, D.C., donde ha demolido tiendas de campaña y amenazado a personas sin hogar con multas y penas de cárcel si no abandonan las calles.

Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, dijo que estas personas tienen la opción de ir a un albergue o recibir servicios de salud mental y adicciones.

Políticas similares se han implementado en años recientes en todo el país, incluso en áreas consideradas progresistas como Nueva York y California .

En Bangor el año pasado, cuando un campamento de personas sin hogar establecido desde hacía varios años creció hasta alcanzar casi un centenar de residentes, empresarios y vecinos pidieron su desalojo.

Algunos defensores y proveedores de servicios sociales advirtieron que la expulsión podría empeorar el brote de VIH y la crisis de sobredosis.

En dos reuniones del Concejo Municipal, en noviembre pasado, explicaron que sería difícil encontrar a las personas después de un desalojo y que dispersar a quienes acababan de recibir un diagnóstico podría provocar nuevos focos de VIH en otros lugares.

“Varios señalaron que se perdería el seguimiento de estas personas”, comentó Amy Clark , integrante de la junta directiva de la Bangor Area Recovery Network, a KFF Health News. “Pero de todos modos lo hicieron”, se lamentó.

“Aún sigo vivo”

Dos meses después de desalojar el campamento, la ciudad informó que desconocía el paradero de más de un tercio de quienes habían vivido allí.

Clark explicó que no es sorprendente que la ciudad no haya logrado que todas las personas sin hogar accedan a vivienda o a servicios de tratamiento. Muchos desconfían de estos servicios, los refugios suelen estar llenos y los servicios de tratamiento son escasos. “¿A dónde se supone que deben ir estas personas?”, se preguntó.

Los autoridades dijeron en las reuniones del Concejo y en sus informes que estaban actuando de manera humana. En los meses previos al desalojo, reforzaron los servicios sociales, vinculando a las personas con todo tipo de apoyos, desde vivienda hasta espacios para guardar sus pertenencias y lavanderías.

Gunderman, directora de salud de la ciudad, dijo que sabía que el desalojo no fue lo ideal, pero que tampoco lo era mantener a la gente amontonada en un campamento insalubre. “Era una situación sin opciones buenas”, explicó.

Para ayudar a ubicar a las personas del campamento y mantenerlas comprometidas con el tratamiento del VIH, la ciudad está empleando ahora unos $550.000 de los fondos del acuerdo sobre los opioides, con los que contrató a dos gestores de casos. (El otro programa local de gestión de casos médicos de VIH cerró durante el verano ).

“Lo que sabemos por el trabajo que hemos estado haciendo es que dedicamos mucho tiempo a buscar a las personas”, dijo Gunderman.

Jason, quien ha estado sin hogar la mayor parte de la última década y dio positivo para VIH este año, ha visto ese trabajo en acción.

Integrantes de lo que él llama su equipo médico han recorrido las calles durante horas para encontrar su carpa, y recordarle que debe aplicarse las inyecciones contra el VIH, contó. Algunos incluso fueron a buscar sus recetas y se las llevaron.

“Se han asegurado de que esté bien”, dijo Jason. (KFF Health News acordó usar solo su primer nombre para proteger su privacidad).

Jason cree que contrajo el virus el año pasado en el campamento, al usar drogas que otra persona preparó. Había intentado evitar ese campamento durante meses, pero dijo que cada vez que instalaba su tienda en otro lugar, la policía le pedía que se moviera.

Cuando recibió el diagnóstico pensó en su tío, quien murió de sida en los años 80.

“Duele hablar de eso, pero sigo con vida”, dijo Jason.

Después de varios meses de tratamiento, su carga viral es ahora indetectable . Durante el verano, el equipo lo ayudó a encontrar una vivienda.

Pero Jason aún tiene dificultades para conseguir jeringas estériles de manera regular. Le preocupa que a otros también les falten.

“Así es como este brote se ha seguido propagando”, dijo Jason. “Cada vez que nos damos cuenta, hay otro caso”.