SAN SALVADOR (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, otorgó el martes medidas cautelares a favor de dos abogados críticos del gobierno del presidente Nayib Bukele que se encuentran detenidos en prisiones de El Salvador

Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, han estado detenidos desde el 18 de mayo y el 7 de junio, respectivamente, mientras la CIDH considera que ambos sufren riesgo de sufrir daños irreparables.

López fue detenida a mediados de mayo por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito y permanece detenida provisionalmente en una cárcel para mujeres. El organismo interamericano considera que sus derechos a la vida, integridad y salud están en riesgo de daño irreparable.

Cristosal, el organismo en el que López ocupaba el cargo al frente de la Unidad Anticorrupción y Justicia, ha denunciado abusos en las cárceles salvadoreñas desde 2022, cuando entró en vigor un estricto estado de excepción como política de mano dura contra la violencia de las pandillas en el país centroamericano.

De acuerdo con la CIDH, López se encuentra en “estado de incomunicación absoluta”, sin contacto con sus familiares ni representantes legales, lo que genera incertidumbre sobre su situación actual y su estado de salud, considerando que padece enfermedades crónicas.

El Estado salvadoreño informó a la CIDH que López recibe higiene y alimentos, participa en programas del centro penitenciario y que se han implementado medidas para garantizar su salud.

La CIDH instó al Estado salvadoreño a garantizar su integridad y cesar la incomunicación. Además, solicitó se revise la medida de prisión preventiva, considerando posibles alternativas, y que se le permita un contacto regular con familiares, abogados y representantes.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya, un reconocido crítico de Bukele al que ha llamado reiteradamente “dictador”, fue capturado el 7 de junio y está siendo procesado por en un caso por presunto lavado de activos.

La CIDH determinó que Anaya se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud durante su detención.

En su resolución, la CIDH ordena a El Salvador que se implementen medidas urgentes para proteger los derechos de Anaya, asegurar que sus condiciones de detención cumplan con los estándares internacionales y, en particular, que se ponga fin de inmediato a su prolongado aislamiento.